Esta semana: en el contexto del Día Mundial de Concientización sobre el Maltrato en la Vejez, se profundiza la sistemática vulneración de derechos que enfrentan las personas mayores en Argentina, desde el abandono y la violencia invisible hasta la crisis del PAMI y jubilaciones que no alcanzan.
Esta semana: los problemas en salud y protección social vuelven a ocupar el centro de la escena, mientras la respuesta comunitaria se fortalece con iniciativas de asistencia, integración y cuidado.
Cuando hablamos de escuchar al otro/a, no hablamos solo de oír: nos referimos a la acción de oír con atención, dándole un lugar en nuestro cerebro para procesar correctamente lo que escuchamos, como darle un asiento a alguien que lo requiere. Ese modo de escuchar va acompañado de una mirada atenta, de una acción corporal afectiva, convirtiendo el intercambio en una escucha activa.
En nuestra sociedad, ¿estamos escuchando realmente a los adultos mayores? ¿Estamos prestando atención, dándole un “espacio en nuestro cerebro” y procesando ese mensaje para luego dar una respuesta adecuada, aunque no sea la respuesta que el otro espera? Observo que muchas veces las respuestas tienen más que ver con los oyentes que con el mensaje del adulto mayor.
¿Cuál es la reacción de la persona mayor cuando no se siente escuchada? El aislamiento. Y esto se comprueba en las manifestaciones de su salud, ya que el sentimiento de soledad enferma.
¿Y qué pasa en los hogares donde un adulto mayor se supone acompañado, pero se “siente solo”? falta la escucha y la interacción. Porque no alcanza con escuchar, hay que dar respuesta, respuestas asertivas que le sirvan como impulso de vida, respuestas significantes para su etapa de vida que lo hagan parte. Parte de la familia y de la sociedad.
No estamos encontrando las respuestas adecuadas, porque tampoco miramos con atención. Si lo hiciéramos, veríamos que la soledad y/o el sentimiento de soledad atraviesa todos los estratos sociales. Entonces, ¿qué hacer?, ¿cuántas herramientas les damos desde casa, desde la comunidad y desde las políticas sociales, para romper el aislamiento? Las tecnologías ayudan, pero no lo son todo: presentan la dificultad para el aprendizaje de su uso, son costosas, además de recortar o quitar la oportunidad del abrazo, de recibir el calor de los otros de manera directa.
A ojos vista nuestra sociedad no privilegia a los adultos mayores, simplemente las tolera. Y a veces esa tolerancia se torna en indiferencia.
Las personas mayores forman parte de nuestras raíces familiares, comunitarias, y sociales. Somos indiferentes a las raíces. Por eso, cualquier viento fuerte o vendaval nos deja indefensos y perplejos.
Esta semana: jubilaciones que no alcanzan, endeudamiento, la necesidad de seguir trabajando y una demanda social en aumento marcan el pulso de la agenda previsional argentina.
Universidad Nacional de Mar del Plata y Miembro del Consejo Asesor del CESPAM
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) fue creado por la Ley 19.032, sancionada el 13 de mayo de 1971, en el contexto de la denominada Revolución Argentina. Su surgimiento respondió a la necesidad de brindar cobertura médico-asistencial a la primera generación de personas mayores que disfrutaba del sistema previsional de manera masiva, en un escenario caracterizado por la consolidación de derechos asociados al trabajo formal.
En ese momento, los trabajadores argentinos presionaban por instituciones que garanticen su bienestar. Tan fuerte era la movilización popular que un gobierno autoritario debió reconocer sus demandas como forma de construir legitimidad.
El INSSJP se configura desde su origen como una institución clave en la organización de la protección social en la vejez, articulando dimensiones sanitarias, sociales y previsionales en el marco de un modelo de bienestar en expansión.
Los recurrentes problemas del ajuste
El Instituto fue pensado como una institución pública no estatal, financiada y dirigida por los trabajadores activos, pasivos y el Estado. La institución debía ser dirigida por esos mismos actores mediante un directorio.
En 1996 fue disuelta la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, en coincidencia con uno de los períodos de mayor tensión presupuestaria del Instituto.
La crisis de financiamiento y la reforma neoliberal del Estado estuvo cerca de provocar el desguace o privatización del instituto, impedida por sus trabajadores en las jornadas previas al 13 de Noviembre de 1996, día que quedó instituido como el de “los trabajadores y trabajadoras de PAMI”.
Sin embargo, la pérdida de esta fuente de financiamiento dejó en una extrema vulnerabilidad la autonomía del Instituto.
En el diseño original, el financiamiento incluía recursos con asignación específica, lo que otorgaba un grado relativo de autonomía financiera y previsibilidad en la disponibilidad de fondos. A partir de las reformas de la década de 1990, este esquema se transformó en un modelo basado principalmente en el presupuesto general del Estado y en el sistema contributivo. Este pasaje de un financiamiento afectado específicamente a uno generalista implicó una pérdida de autonomía relativa del organismo, así como una menor previsibilidad en sus ingresos, al quedar crecientemente sujeto a las decisiones políticas y a las restricciones fiscales del Estado. En este contexto, también se volvió cada vez más frecuente la intervención del Instituto, que salvo períodos breves no retomó una conducción colegiada mediante directorio prevista desde su fundación, consolidándose formas de gestión más centralizadas y dependientes del Poder Ejecutivo.
Hacia finales de la década del 90, PAMI se presentaba como una institución incapaz de responder al objetivo para el que había sido creado.
Cambios del nuevo milenio
En las primeras décadas del siglo XXI, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) experimenta transformaciones significativas en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional y la ampliación de la cobertura previsional. A partir de las políticas de inclusión jubilatoria, se incorporan amplios sectores que habían quedado previamente excluidos del régimen contributivo, lo que incrementa de manera sustantiva la población afiliada, que en la actualidad ronda los 5,7 millones de personas, consolidándose como la obra social más grande de América Latina.
El Estado Nacional aportó en este periodo una gran cantidad de recursos, que permitieron ampliar la cobertura sanataria y social del instituto en un contexto de aumento explosivo de las personas afiliadas. Con más personas jubiladas y menos trabajadores aportantes, esos aportes se volvieron decisivos.
En este marco, el Instituto se enfrenta al desafío de sostener la cobertura y la calidad de las prestaciones en un escenario de creciente demanda y restricciones estructurales en sus fuentes de financiamiento. La ampliación de derechos convive así con dificultades para garantizar su sostenibilidad, tensionando el equilibrio entre inclusión y viabilidad económica. Este escenario obliga a repensar los mecanismos tradicionales de financiamiento y gestión, en un contexto en el cual la estructura social y laboral difiere significativamente de aquella que dio origen al organismo.
De la motosierra a un nuevo pacto solidario intergeneracional
En la actual coyuntura, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) se desenvuelve en un escenario de fuerte restricción fiscal impulsado por la política económica del gobierno nacional, orientada a la reducción del gasto público.
Hoy enfrentamos deterioro y demoras en los pagos a prestadores, reducción de la cápita de los médicos de cabecera, topes en la cantidad de consultas, dificultades en la provisión de insumos y medicamentos, limitaciones en determinadas coberturas; así como un rezago histórico en los salarios del personal. Estas dinámicas impactan en la calidad de las prestaciones, incrementando la presión sobre el sistema y sobre los actores que lo integran.
Teniendo en cuenta el envejecimiento poblacional -hoy PAMI tiene un millón de afiliados mayores de 80 años y seis mil de más de 100-; y los cambios del mercado de trabajo, es cada vez más urgente fortalecer y hacer viable una obra social que iguale las oportunidades de salud de las personas mayores.
La longevidad alcanzada en los últimos años (77,8 años promedio) implica que el gasto médico y asistencial se vuelva cada vez mayor, incluyendo problemáticas que antes no estaban en la agenda pública, como la política de cuidado, los problemas habitaciones crecientes y el envejecimiento activo.
No alcanza con proclamar derechos, es fundamental construir las instituciones que puedan garantizarlos y dar la disputa de sentido en la sociedad acerca del valor social de que todas las personas mayores puedan acceder a una atención de salud de la misma calidad.
En una sociedad cada vez más desigual, el concepto de una obra social que brinde las mismas prestaciones sin diferenciar los ingresos, resulta insoportable para algunos. Por eso es importante que esas prestaciones sean de calidad y sustentables.
En términos de sostenibilidad, resulta pertinente explorar fuentes de financiamiento complementarias que fortalezcan su base de recursos, como podría ser la afectación de un porcentaje de la renta proveniente de recursos naturales, el juego, entre otras.
Asimismo, se vuelve relevante revisar su configuración como organismo público no estatal, promoviendo la reconstrucción de instancias de conducción colegiada mediante un directorio.
En el 55° aniversario de su fundación, valoremos una Institución que se construyó con el aporte de generaciones de trabajadores y trabajadoras argentinas y que representa un capital para toda la comunidad y un motivo de orgullo a pesar de todas las limitaciones actuales y pasadas.
En los últimos años la cuestión del cuidado adquirió una visibilidad significativa en nuestro país. Los cambios demográficos, que muestran un progresivo envejecimiento de la población, pusieron en evidencia el problema de cómo cubrir las necesidades de cuidado de una población mayor creciente, donde en el 70% de los casos la asistencia recae en familiares del propio hogar. A este escenario se suma una oferta de servicios que no alcanza: en promedio, hay una cuidadora domiciliaria por cada 67 personas mayores que demandan atención, y se estima que, en quince años, se elevará a una cuidadora por cada 98 personas.
El aumento de las personas que necesitan cuidados y la ausencia de respuestas a estas transformaciones permiten pensar la organización social de los cuidados, es decir, propuestas integrales que prioricen las necesidades y los derechos tanto de las personas que necesitan cuidado como de aquellas que cuidan, en el marco de un debate amplio que incluya a las familias, al mercado y al Estado. Sin embargo, la creciente centralidad de este problema contrasta con la ausencia de la cuestión en la agenda del gobierno nacional de Milei, quien optó por relegarla y dejar su resolución en manos de las familias y del mercado.
En este contexto emerge “CUIDARnos”, una iniciativa impulsada por la economía popular con el apoyo del empresario Gustavo Grobocopatel, que propone canalizar servicios de cuidado a través de una plataforma digital. A contramano del modelo laboral que instalan las empresas de plataforma en nuestro país y en el mundo, y en un contexto nacional que es social y económicamente adverso para el modelo cooperativo, el proyecto busca articular el uso de la tecnología con principios cooperativos y condiciones más justas para quienes trabajan. Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿puede una cooperativa de plataforma ofrecer una alternativa frente a los problemas que hoy plantea la organización social del cuidado?
En primer lugar, es sabido que la expansión de las plataformas digitales está reconfigurando el mundo del trabajo. En sectores como el transporte o el reparto, estas empresas se presentan como oportunidades de inserción laboral, pero lo hacen bajo esquemas que debilitan la protección social y trasladan los riesgos hacia los trabajadores, redefinidos como “socios” o “emprendedores”. No se trata de un debate saldado: el reciente fallo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que reconoce a los repartidores como trabajadores en relación de dependencia, marca una clara tensión con la reforma laboral del gobierno nacional recientemente aprobada, que los considera trabajadores independientes. En este contexto, la aparición de experiencias que desafían el modelo de negocios de las plataformas puede resultar una alternativa superadora a estos debates, siempre y cuando representen una oportunidad sostenible y digna para sus trabajadores.
Por otro lado, si bien en la última década el cooperativismo se constituyó en un actor relevante para dar respuesta a las demandas de cuidados, también enfrenta limitaciones persistentes: dificultades de acceso al capital, desafíos en la gestión, obstáculos para la profesionalización del servicio y, en muchos casos, escaso o nulo apoyo estatal. En ese marco, la posibilidad de articular el modelo de plataformas con una lógica cooperativa y con el respaldo privado abre una oportunidad, pero también plantea nuevas tensiones.
El potencial de una plataforma cooperativa de cuidados no puede evaluarse en abstracto. Su viabilidad dependerá de condiciones concretas: que logre sostenerse en el tiempo, que ofrezca servicios de calidad, que amplíe efectivamente el acceso a los cuidados y que garantice condiciones laborales dignas, lo cual no es para nada sencillo. En un contexto donde el Estado se retira de la agenda de los cuidados, las plataformas cooperativas pueden abrir una vía innovadora y necesaria, pero difícilmente puedan, por sí solas, resolver una crisis estructural. Su aporte, en todo caso, es acotado pero no menos importante: tensionar el modelo dominante y reabrir la discusión sobre cómo organizar socialmente el cuidado en la Argentina.
Centro de Estudios Sociales y Políticos sobre Adultos Mayores
