El 28 de agosto de 1948, durante el gobierno de Juan Domingo Perón y por iniciativa de Eva Perón, se presentó el Decálogo de la Ancianidad, donde se reconocían, por primera vez, los diez derechos fundamentales de las personas mayores, incorporados posteriormente en la Constitución de 1949. Así, Argentina se convirtió en pionera en afirmar a las personas mayores como titulares de derechos y responsabilidad de la comunidad y del Estado.

La primera parte del decálogo estaba orientada a garantizar las condiciones materiales para la vida digna de la persona mayor: asistencia, vivienda, alimentación, vestido y cuidado de la salud. También establecía que la protección integral era por cuenta y cargo de la familia, y que correspondía al Estado proveer dicha protección en caso de que la persona mayor no la tuviera. Por otro lado, también reconocía el derecho al esparcimiento, al trabajo cuando las condiciones lo permitieran y para evitar “disminuir la personalidad”, el derecho a la tranquilidad y al respeto. De esta manera, el decálogo supo integrar tanto las dimensiones sociales como afectivas de la vejez, que muchas veces quedan relegadas cuando se piensa únicamente en términos de dependencia, asistencia o de cuidados. En este sentido, el núcleo fundamental del decálogo es claro: envejecer con dignidad requiere de condiciones materiales, de reconocimiento y de autonomía.

Setenta y ocho años después, el Decálogo continúa siendo un punto de partida y un horizonte en la conquista por los derechos de las personas mayores. Pero también nos invita a formular una pregunta: ¿qué significa hoy garantizar una vejez digna? En la actualidad, hablamos cada vez más del aislamiento, de la soledad no deseada, de la exclusión digital, de la falta de accesibilidad, entre otros aspectos que les impiden a las personas mayores desarrollar plenamente sus proyectos de vida. Sin embargo, me pregunto si realmente son nuevas necesidades de una sociedad envejecida, o si no son más bien el reflejo de una comunidad que en las últimas décadas no hizo otra cosa que darle la espalda a la población mayor. Quizás el desafío actual consiste en recuperar algo que el individualismo de nuestro tiempo tiende a negar: la idea de que nadie envejece solo, y que garantizar una vejez digna es una tarea colectiva.

Si en 1948 se afirmaba que la comunidad y el Estado tenían responsabilidades frente a la vejez, hoy necesitamos volver a discutir y asumir esas responsabilidades. Garantizar una vejez digna requiere poner en el centro a las personas mayores y construir una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones privadas. Una sociedad que envejece necesita de la solidaridad, del trabajo, de la justicia social y del cuidado mutuo. Solo así se podrán construir las condiciones para que los últimos años puedan ser vividos con dignidad, autonomía, participación y comunidad.

Por Julia Cófreces

En julio de 2025 se sancionó la Ley 6817, que establece la gratuidad del subte para jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires cuyos ingresos no superen dos haberes y medio mínimos. Esta ley representa un avance en el acceso a derechos para las personas mayores, y deja en evidencia la situación crítica de las jubilaciones en Argentina, donde el haber básico apenas supera los $400.000. 

Sin embargo en su reglamentación, el Gobierno de la Ciudad impuso que tanto el trámite como el pase gratuito sean completamente digitales, a través de TAD (Trámites a Distancia) y de BUEPP, la billetera digital del Banco Ciudad. En los hechos, esto supone que las personas mayores deban contar con un teléfono celular, completar un trámite virtual, utilizar una billetera digital, asociar una tarjeta de débito y contar con habilidades tecnológicas que pueden no formar parte de su vida cotidiana.

A un año de su implementación, el Jefe de Gabinete de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny, informó en la Legislatura que se registraron 10.700 solicitudes para acceder al beneficio y que 9.000 ya fueron aprobadas. Sin embargo, ante un pedido de acceso a la información pública realizado por el CESPAM, el Banco Ciudad informó que solo 5.712 personas inscriptas en el subsidio descargaron la aplicación BUEPP. Este desfasaje entre las solicitudes y la implementación efectiva abre interrogantes y exige respuestas: o no se registraron tantas solicitudes, o bien existe una barrera en la modalidad de acceso. En cualquiera de los dos casos, esto da cuenta de una falla en la implementación de la política. 

¿Existen canales presenciales para tramitar el pase? La reglamentación establece que las personas mayores pueden recibir asistencia en las sedes comunales y en las cabeceras de subte, y así lo informó también el Jefe de Gabinete en su informe. Sin embargo, en el mismo pedido de acceso a la información pública, el Gobierno de la Ciudad confirmó que el trámite ya no puede realizarse en las cabeceras, ni tampoco lleva un registro de la cantidad de solicitudes tramitadas en las sedes comunales. Además, es importante aclarar que estos espacios no gestionan directamente el beneficio: únicamente brindan asistencia para que las personas completen el trámite digital a través de TAD.

No hay dudas de que en determinados contextos la digitalización agiliza los procedimientos administrativos y mejora la trazabilidad de las gestiones. Pero cuando el acceso a un derecho depende exclusivamente de un circuito digital, la tecnología se convierte en una barrera y empieza a dejar afuera a quienes debe incluir. En este sentido, la implementación del pase gratuito da cuenta de un mal diseño de la política: la digitalización no garantiza la accesibilidad al beneficio, y tampoco pareciera haber interés en garantizar la trazabilidad de los trámites, ya que no hay un registro de las solicitudes gestionadas en las comunas.

Muchos estudios muestran que las personas mayores no constituyen un grupo homogéneo frente a las tecnologías digitales. Las trayectorias de acceso, aprendizaje y uso son diversas y están atravesadas por factores educativos, económicos y sociales. Diseñar una política pública como si todas las personas dispusieran de los mismos recursos y habilidades implica desconocer esas diferencias y trasladar a los individuos la responsabilidad de superar obstáculos que, en realidad, son consecuencia del propio diseño institucional.

Si la gratuidad del subte busca garantizar el derecho a la movilidad, su implementación también debería ser accesible para quienes más la necesitan. No se trata de un problema tecnológico, se trata de una manera de concebir y diseñar la política pública.