Por Lic. Esp. Cristian Arroyo

Universidad Nacional de Mar del Plata y Miembro del Consejo Asesor del CESPAM

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) fue creado por la Ley 19.032, sancionada el 13 de mayo de 1971, en el contexto de la denominada Revolución Argentina. Su surgimiento respondió a la necesidad de brindar cobertura médico-asistencial a la primera generación de personas mayores que disfrutaba del sistema previsional de manera masiva, en un escenario caracterizado por la consolidación de derechos asociados al trabajo formal. 

En ese momento, los trabajadores argentinos presionaban por instituciones que garanticen su bienestar. Tan fuerte era la movilización popular que un gobierno autoritario debió reconocer sus demandas como forma de construir legitimidad. 

El INSSJP se configura desde su origen como una institución clave en la organización de la protección social en la vejez, articulando dimensiones sanitarias, sociales y previsionales en el marco de un modelo de bienestar en expansión.

Los recurrentes problemas del ajuste

El Instituto fue pensado como una institución pública no estatal, financiada y dirigida por los trabajadores activos, pasivos y el Estado. La institución debía ser dirigida por esos mismos actores mediante un directorio.

En 1996 fue disuelta la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, en coincidencia con uno de los períodos de mayor tensión presupuestaria del Instituto. 

La crisis de financiamiento y la reforma neoliberal del Estado estuvo cerca de provocar el desguace o privatización del instituto, impedida por sus trabajadores en las jornadas previas al 13 de Noviembre de 1996, día que quedó instituido como el de “los trabajadores y trabajadoras de PAMI”.

Sin embargo, la pérdida de esta fuente de financiamiento dejó en una extrema vulnerabilidad la autonomía del Instituto.

En el diseño original, el financiamiento incluía recursos con asignación específica, lo que otorgaba un grado relativo de autonomía financiera y previsibilidad en la disponibilidad de fondos. A partir de las reformas de la década de 1990, este esquema se transformó en un modelo basado principalmente en el presupuesto general del Estado y en el sistema contributivo. Este pasaje de un financiamiento afectado específicamente a uno generalista implicó una pérdida de autonomía relativa del organismo, así como una menor previsibilidad en sus ingresos, al quedar crecientemente sujeto a las decisiones políticas y a las restricciones fiscales del Estado. En este contexto, también se volvió cada vez más frecuente la intervención del Instituto, que salvo períodos breves no retomó una conducción colegiada mediante directorio prevista desde su fundación, consolidándose formas de gestión más centralizadas y dependientes del Poder Ejecutivo.

Hacia finales de la década del 90, PAMI se presentaba como una institución incapaz de responder al objetivo para el que había sido creado.

Cambios del nuevo milenio

En las primeras décadas del siglo XXI, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) experimenta transformaciones significativas en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional y la ampliación de la cobertura previsional. A partir de las políticas de inclusión jubilatoria, se incorporan amplios sectores que habían quedado previamente excluidos del régimen contributivo, lo que incrementa de manera sustantiva la población afiliada, que en la actualidad ronda los 5,7 millones de personas, consolidándose como la obra social más grande de América Latina. 

El Estado Nacional aportó en este periodo una gran cantidad de recursos, que permitieron ampliar la cobertura sanataria y social del instituto en un contexto de aumento explosivo de las personas afiliadas. Con más personas jubiladas y menos trabajadores aportantes, esos aportes se volvieron decisivos.

En este marco, el Instituto se enfrenta al desafío de sostener la cobertura y la calidad de las prestaciones en un escenario de creciente demanda y restricciones estructurales en sus fuentes de financiamiento. La ampliación de derechos convive así con dificultades para garantizar su sostenibilidad, tensionando el equilibrio entre inclusión y viabilidad económica. Este escenario obliga a repensar los mecanismos tradicionales de financiamiento y gestión, en un contexto en el cual la estructura social y laboral difiere significativamente de aquella que dio origen al organismo.

De la motosierra a un nuevo pacto solidario intergeneracional

En la actual coyuntura, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) se desenvuelve en un escenario de fuerte restricción fiscal impulsado por la política económica del gobierno nacional, orientada a la reducción del gasto público. 

Hoy enfrentamos  deterioro y demoras en los pagos a prestadores, reducción de la cápita de los médicos de cabecera, topes en la cantidad de consultas, dificultades en la provisión de insumos y medicamentos, limitaciones en determinadas coberturas; así como un rezago histórico en los salarios del personal. Estas dinámicas impactan en la calidad de las prestaciones, incrementando la presión sobre el sistema y sobre los actores que lo integran.

Teniendo en cuenta el envejecimiento poblacional -hoy PAMI tiene un millón de afiliados mayores de 80 años y seis mil de más de 100-; y los cambios del mercado de trabajo, es cada vez más urgente fortalecer y hacer viable una obra social que iguale las oportunidades de salud de las personas mayores.  

La longevidad alcanzada en los últimos años (77,8 años promedio) implica que el gasto médico y asistencial se vuelva cada vez mayor, incluyendo problemáticas que antes no estaban en la agenda pública, como la política de cuidado, los problemas habitaciones crecientes y el envejecimiento activo.

No alcanza con proclamar derechos, es fundamental construir las instituciones que puedan garantizarlos y dar la disputa de sentido en la sociedad acerca del valor social de que todas las personas mayores puedan acceder a una atención de salud de la misma calidad.

En una sociedad cada vez más desigual, el concepto de una obra social que brinde las mismas prestaciones sin diferenciar los ingresos, resulta insoportable para algunos. Por eso es importante que esas prestaciones sean de calidad y sustentables.

En términos de sostenibilidad, resulta pertinente explorar fuentes de financiamiento complementarias que fortalezcan su base de recursos, como podría ser la afectación de un porcentaje de la renta proveniente de recursos naturales, el juego, entre otras.  

Asimismo, se vuelve relevante revisar su configuración como organismo público no estatal, promoviendo la reconstrucción de instancias de conducción colegiada mediante un directorio. 

En el 55° aniversario de su fundación, valoremos una Institución que se construyó con el aporte de generaciones de trabajadores y trabajadoras argentinas y que representa un capital para toda la comunidad y un motivo de orgullo a pesar de todas las limitaciones actuales y pasadas.