Cuando hablamos de escuchar al otro/a, no hablamos solo de oír: nos referimos a la acción de oír con atención, dándole un lugar en nuestro cerebro para procesar correctamente lo que escuchamos, como darle un asiento a alguien que lo requiere. Ese modo de escuchar va acompañado de una mirada atenta, de una acción corporal afectiva, convirtiendo el intercambio en una escucha activa.
En nuestra sociedad, ¿estamos escuchando realmente a los adultos mayores? ¿Estamos prestando atención, dándole un “espacio en nuestro cerebro” y procesando ese mensaje para luego dar una respuesta adecuada, aunque no sea la respuesta que el otro espera? Observo que muchas veces las respuestas tienen más que ver con los oyentes que con el mensaje del adulto mayor.
¿Cuál es la reacción de la persona mayor cuando no se siente escuchada? El aislamiento. Y esto se comprueba en las manifestaciones de su salud, ya que el sentimiento de soledad enferma.
¿Y qué pasa en los hogares donde un adulto mayor se supone acompañado, pero se “siente solo”? falta la escucha y la interacción. Porque no alcanza con escuchar, hay que dar respuesta, respuestas asertivas que le sirvan como impulso de vida, respuestas significantes para su etapa de vida que lo hagan parte. Parte de la familia y de la sociedad.
No estamos encontrando las respuestas adecuadas, porque tampoco miramos con atención. Si lo hiciéramos, veríamos que la soledad y/o el sentimiento de soledad atraviesa todos los estratos sociales. Entonces, ¿qué hacer?, ¿cuántas herramientas les damos desde casa, desde la comunidad y desde las políticas sociales, para romper el aislamiento? Las tecnologías ayudan, pero no lo son todo: presentan la dificultad para el aprendizaje de su uso, son costosas, además de recortar o quitar la oportunidad del abrazo, de recibir el calor de los otros de manera directa.
A ojos vista nuestra sociedad no privilegia a los adultos mayores, simplemente las tolera. Y a veces esa tolerancia se torna en indiferencia.
Las personas mayores forman parte de nuestras raíces familiares, comunitarias, y sociales. Somos indiferentes a las raíces. Por eso, cualquier viento fuerte o vendaval nos deja indefensos y perplejos.
Universidad Nacional de Mar del Plata y Miembro del Consejo Asesor del CESPAM
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) fue creado por la Ley 19.032, sancionada el 13 de mayo de 1971, en el contexto de la denominada Revolución Argentina. Su surgimiento respondió a la necesidad de brindar cobertura médico-asistencial a la primera generación de personas mayores que disfrutaba del sistema previsional de manera masiva, en un escenario caracterizado por la consolidación de derechos asociados al trabajo formal.
En ese momento, los trabajadores argentinos presionaban por instituciones que garanticen su bienestar. Tan fuerte era la movilización popular que un gobierno autoritario debió reconocer sus demandas como forma de construir legitimidad.
El INSSJP se configura desde su origen como una institución clave en la organización de la protección social en la vejez, articulando dimensiones sanitarias, sociales y previsionales en el marco de un modelo de bienestar en expansión.
Los recurrentes problemas del ajuste
El Instituto fue pensado como una institución pública no estatal, financiada y dirigida por los trabajadores activos, pasivos y el Estado. La institución debía ser dirigida por esos mismos actores mediante un directorio.
En 1996 fue disuelta la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, en coincidencia con uno de los períodos de mayor tensión presupuestaria del Instituto.
La crisis de financiamiento y la reforma neoliberal del Estado estuvo cerca de provocar el desguace o privatización del instituto, impedida por sus trabajadores en las jornadas previas al 13 de Noviembre de 1996, día que quedó instituido como el de “los trabajadores y trabajadoras de PAMI”.
Sin embargo, la pérdida de esta fuente de financiamiento dejó en una extrema vulnerabilidad la autonomía del Instituto.
En el diseño original, el financiamiento incluía recursos con asignación específica, lo que otorgaba un grado relativo de autonomía financiera y previsibilidad en la disponibilidad de fondos. A partir de las reformas de la década de 1990, este esquema se transformó en un modelo basado principalmente en el presupuesto general del Estado y en el sistema contributivo. Este pasaje de un financiamiento afectado específicamente a uno generalista implicó una pérdida de autonomía relativa del organismo, así como una menor previsibilidad en sus ingresos, al quedar crecientemente sujeto a las decisiones políticas y a las restricciones fiscales del Estado. En este contexto, también se volvió cada vez más frecuente la intervención del Instituto, que salvo períodos breves no retomó una conducción colegiada mediante directorio prevista desde su fundación, consolidándose formas de gestión más centralizadas y dependientes del Poder Ejecutivo.
Hacia finales de la década del 90, PAMI se presentaba como una institución incapaz de responder al objetivo para el que había sido creado.
Cambios del nuevo milenio
En las primeras décadas del siglo XXI, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) experimenta transformaciones significativas en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional y la ampliación de la cobertura previsional. A partir de las políticas de inclusión jubilatoria, se incorporan amplios sectores que habían quedado previamente excluidos del régimen contributivo, lo que incrementa de manera sustantiva la población afiliada, que en la actualidad ronda los 5,7 millones de personas, consolidándose como la obra social más grande de América Latina.
El Estado Nacional aportó en este periodo una gran cantidad de recursos, que permitieron ampliar la cobertura sanataria y social del instituto en un contexto de aumento explosivo de las personas afiliadas. Con más personas jubiladas y menos trabajadores aportantes, esos aportes se volvieron decisivos.
En este marco, el Instituto se enfrenta al desafío de sostener la cobertura y la calidad de las prestaciones en un escenario de creciente demanda y restricciones estructurales en sus fuentes de financiamiento. La ampliación de derechos convive así con dificultades para garantizar su sostenibilidad, tensionando el equilibrio entre inclusión y viabilidad económica. Este escenario obliga a repensar los mecanismos tradicionales de financiamiento y gestión, en un contexto en el cual la estructura social y laboral difiere significativamente de aquella que dio origen al organismo.
De la motosierra a un nuevo pacto solidario intergeneracional
En la actual coyuntura, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) se desenvuelve en un escenario de fuerte restricción fiscal impulsado por la política económica del gobierno nacional, orientada a la reducción del gasto público.
Hoy enfrentamos deterioro y demoras en los pagos a prestadores, reducción de la cápita de los médicos de cabecera, topes en la cantidad de consultas, dificultades en la provisión de insumos y medicamentos, limitaciones en determinadas coberturas; así como un rezago histórico en los salarios del personal. Estas dinámicas impactan en la calidad de las prestaciones, incrementando la presión sobre el sistema y sobre los actores que lo integran.
Teniendo en cuenta el envejecimiento poblacional -hoy PAMI tiene un millón de afiliados mayores de 80 años y seis mil de más de 100-; y los cambios del mercado de trabajo, es cada vez más urgente fortalecer y hacer viable una obra social que iguale las oportunidades de salud de las personas mayores.
La longevidad alcanzada en los últimos años (77,8 años promedio) implica que el gasto médico y asistencial se vuelva cada vez mayor, incluyendo problemáticas que antes no estaban en la agenda pública, como la política de cuidado, los problemas habitaciones crecientes y el envejecimiento activo.
No alcanza con proclamar derechos, es fundamental construir las instituciones que puedan garantizarlos y dar la disputa de sentido en la sociedad acerca del valor social de que todas las personas mayores puedan acceder a una atención de salud de la misma calidad.
En una sociedad cada vez más desigual, el concepto de una obra social que brinde las mismas prestaciones sin diferenciar los ingresos, resulta insoportable para algunos. Por eso es importante que esas prestaciones sean de calidad y sustentables.
En términos de sostenibilidad, resulta pertinente explorar fuentes de financiamiento complementarias que fortalezcan su base de recursos, como podría ser la afectación de un porcentaje de la renta proveniente de recursos naturales, el juego, entre otras.
Asimismo, se vuelve relevante revisar su configuración como organismo público no estatal, promoviendo la reconstrucción de instancias de conducción colegiada mediante un directorio.
En el 55° aniversario de su fundación, valoremos una Institución que se construyó con el aporte de generaciones de trabajadores y trabajadoras argentinas y que representa un capital para toda la comunidad y un motivo de orgullo a pesar de todas las limitaciones actuales y pasadas.
En los últimos años la cuestión del cuidado adquirió una visibilidad significativa en nuestro país. Los cambios demográficos, que muestran un progresivo envejecimiento de la población, pusieron en evidencia el problema de cómo cubrir las necesidades de cuidado de una población mayor creciente, donde en el 70% de los casos la asistencia recae en familiares del propio hogar. A este escenario se suma una oferta de servicios que no alcanza: en promedio, hay una cuidadora domiciliaria por cada 67 personas mayores que demandan atención, y se estima que, en quince años, se elevará a una cuidadora por cada 98 personas.
El aumento de las personas que necesitan cuidados y la ausencia de respuestas a estas transformaciones permiten pensar la organización social de los cuidados, es decir, propuestas integrales que prioricen las necesidades y los derechos tanto de las personas que necesitan cuidado como de aquellas que cuidan, en el marco de un debate amplio que incluya a las familias, al mercado y al Estado. Sin embargo, la creciente centralidad de este problema contrasta con la ausencia de la cuestión en la agenda del gobierno nacional de Milei, quien optó por relegarla y dejar su resolución en manos de las familias y del mercado.
En este contexto emerge “CUIDARnos”, una iniciativa impulsada por la economía popular con el apoyo del empresario Gustavo Grobocopatel, que propone canalizar servicios de cuidado a través de una plataforma digital. A contramano del modelo laboral que instalan las empresas de plataforma en nuestro país y en el mundo, y en un contexto nacional que es social y económicamente adverso para el modelo cooperativo, el proyecto busca articular el uso de la tecnología con principios cooperativos y condiciones más justas para quienes trabajan. Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿puede una cooperativa de plataforma ofrecer una alternativa frente a los problemas que hoy plantea la organización social del cuidado?
En primer lugar, es sabido que la expansión de las plataformas digitales está reconfigurando el mundo del trabajo. En sectores como el transporte o el reparto, estas empresas se presentan como oportunidades de inserción laboral, pero lo hacen bajo esquemas que debilitan la protección social y trasladan los riesgos hacia los trabajadores, redefinidos como “socios” o “emprendedores”. No se trata de un debate saldado: el reciente fallo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que reconoce a los repartidores como trabajadores en relación de dependencia, marca una clara tensión con la reforma laboral del gobierno nacional recientemente aprobada, que los considera trabajadores independientes. En este contexto, la aparición de experiencias que desafían el modelo de negocios de las plataformas puede resultar una alternativa superadora a estos debates, siempre y cuando representen una oportunidad sostenible y digna para sus trabajadores.
Por otro lado, si bien en la última década el cooperativismo se constituyó en un actor relevante para dar respuesta a las demandas de cuidados, también enfrenta limitaciones persistentes: dificultades de acceso al capital, desafíos en la gestión, obstáculos para la profesionalización del servicio y, en muchos casos, escaso o nulo apoyo estatal. En ese marco, la posibilidad de articular el modelo de plataformas con una lógica cooperativa y con el respaldo privado abre una oportunidad, pero también plantea nuevas tensiones.
El potencial de una plataforma cooperativa de cuidados no puede evaluarse en abstracto. Su viabilidad dependerá de condiciones concretas: que logre sostenerse en el tiempo, que ofrezca servicios de calidad, que amplíe efectivamente el acceso a los cuidados y que garantice condiciones laborales dignas, lo cual no es para nada sencillo. En un contexto donde el Estado se retira de la agenda de los cuidados, las plataformas cooperativas pueden abrir una vía innovadora y necesaria, pero difícilmente puedan, por sí solas, resolver una crisis estructural. Su aporte, en todo caso, es acotado pero no menos importante: tensionar el modelo dominante y reabrir la discusión sobre cómo organizar socialmente el cuidado en la Argentina.
Este 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, coincidente en su origen con la fundación de la Organización Mundial de la Salud, en 1948. De ese organismo prestigioso del que participan países de todo el mundo, se retiró el des-gobierno que comanda la Argentina a manos de Javier Milei.
Pensar en la salud hoy es abordarla en una perspectiva multidimensional, y de eso no escapa la economía. Porque la salud también es una cuestión económica: garantizar ingresos y condiciones de vida dignas es parte fundamental de un envejecimiento saludable.
Días atrás, se conoció el Informe del INDEC que arrojó que apenas el 28,2% de la población argentina está en condición de pobreza, y sobre esas cifras, se reconoce apenas un 10% de pobres en la población de más de 65 años. Resulta, al menos, llamativo y curioso, cuando el haber mínimo con el bono congelado alcanza apenas $450.000.
En la misma semana que el gobierno difundió golpeándose el pecho estos datos, conocimos otros. Por un lado, la Canasta de consumo para Adultos Mayores que realiza mensualmente el área de Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual sentenció que para febrero una pareja de adultos mayores que tienen vivienda propia, el costo de vida supera el $1.500.000 mensuales, y en el caso de una pareja idéntica pero en situación de alquiler, supera los $2.250.000. Otra curiosidad: ambos índices reflejan un incremento contra el mes anterior que duplica la inflación anclada en el 3%, otra victoria del relato libertario.
El otro dato que nos sorprendió lo reveló la Encuesta Nacional Inquilina realizada por Inquilinos Agrupados entre el 17 y 20 de marzo de este año. Ahí hay otras cifras tétricas y que muestran la miseria en la que están sumergidos nuestros jubilados y jubiladas: cuatro de cada diez hacen sólo una o dos comidas al día y siete de cada 10 tuvieron que recortar en alimentos.
¿Y cómo sobreviven nuestros Adultos Mayores a esta catástrofe? Si siguiéramos la máxima que hace dos años pronunció Diana Mondino y pinta de cuerpo entero a este gobierno con aquello de “Si sos jubilado, es casi seguro que te vas a morir”, no habría mucho más para discutir. Pero, para desgracia de Mondino, no es tan fácil como apretar una tecla y que cesen vidas de millones de Adultos Mayores que pueblan nuestra Patria. Y como deben sobrevivir entre gastos en comida, remedios, viajes y aquello que no pueden dejar de gastar para vivir: ahí empieza el endeudamiento.
Es interesante: el truco de nuestros conservadores es darle al discurso del déficit fiscal por repetición hasta el hartazgo. Dicen “Si en tu casa no gastás más que lo que te entra, por qué lo vas a hacer en un país?. Claro, tampoco te cuentan que entre tanta motosierra, caída de la actividad y de la recaudación, el Gobierno Nacional se sigue endeudando por miles de millones de dólares con organismos de crédito, que después vienen y nos dicen que podemos o no podemos hacer. Eso, el gobierno, ¿y en las casas de nuestros jubilados? Allí emerge un fenómeno que se esparce como un virus social: el endeudamiento y la morosidad de las familias. Es muy evidente eso de que no hay que gastar más que lo que entra, pero ¿Cómo se hace cuando lo que entra no cubre pan, leche, (algo) de carne y los remedios básicos? Ahí aparece la deuda. Un problema que ya afecta a más de la mitad de los hogares argentinos, y en los cuales, más de un 25% tienen problemas para cumplir los pagos, eso se llama, morosidad. Ahí viene el interés, con un banco o con cualquier prestamista de los que afloran en la informalidad, y ya sabemos como sigue. Los datos y la cruda realidad matando el relato berreta y disociado de la realidad de un gobierno perverso y ajustador.
Donde el Estado reprime cada miércoles en Plaza Congreso y el monto de las jubilaciones no alcanza, las organizaciones libres del Pueblo, como los Centros de Jubilados diseminados a lo largo y ancho del país, crean un espacio de vínculo y contención: ponen platos de comida y hacen malabares para asistir con medicamentos. Mientras hacemos el recorrido para volver a tener el país que nos merecemos, los reivindicamos en este día como los únicos que no están en deuda con nuestros endeudados Adultos Mayores.
Ahora, si entendemos que en este Día Mundial de la Salud debemos defender, luchar y reivindicar un envejecimiento saludable que atienda el cuerpo, la mente, el bienestar emocional y la vida en comunidad, la mirada debe ser otra.
El debate público sobre la reforma laboral presentada por el gobierno está dominado por discusiones desde la óptica del empleo y la flexibilización. Sin embargo, hay un aspecto estructural que merece más atención y cuestionamiento: el impacto que esta reforma puede tener sobre la financiación del sistema jubilatorio argentino.
El proyecto propone la creación de los llamados Fondos de Asistencia Laboral (FAL), destinados a financiar las indemnizaciones por despido. A primera vista, esto se presenta como una fórmula para reducir los costos que deben pagar los empleadores. Pero detrás de esa narrativa se esconde algo más preocupante: una transferencia de recursos del sistema de seguridad social —la Anses— a un fondo que beneficiará directamente a los empleadores.
El proyecto propone que las empresas aporten un 3% de la masa salarial a los FAL para financiar las indemnizaciones por despidos. En teoría, esto es un aporte empresarial. En la práctica, sin embargo, ese aporte no es un gasto adicional para las empresas: se descuenta directamente de lo que hoy pagan en aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) —es decir, del dinero que financia jubilaciones, pensiones y prestaciones como la AUH.
Este mecanismo equivale a un pase contable: recursos que hoy deberían ingresar a la caja previsional pasarían a integrarse a un fondo para gestionar indemnizaciones laborales. La consecuencia directa es clara: menos ingresos para la Anses y, por ende, una menor base de financiamiento para las jubilaciones futuras.
En un país con casi un 50% de su empleo en la informalidad, y donde la proporción de aportantes activos es un desafío recurrente, reducir aún más los ingresos del sistema previsional no es una decisión menor: puede profundizar el desbalance financiero de la Anses, ampliar el déficit previsional y poner en crisis la totalidad del sistema previsional argentino.
Más allá del debate por la reforma laboral, la pregunta de fondo es qué tipo de modelo de seguridad social queremos. La reforma, tal como está planteada, introduce un precedente preocupante: aceptar que los fondos destinados a la protección social puedan desviarse hacia otros usos sin generar necesariamente más empleo ni mayor formalización. Esto no solo podría comprometer la sustentabilidad financiera, sino también erosionar la confianza de las generaciones presentes y futuras en un sistema que debería garantizar un envejecimiento digno.
La reforma laboral no puede hacerse a costa del corazón de nuestro contrato social: el sistema jubilatorio. Es hora de poner en el centro del debate la sostenibilidad de nuestras jubilaciones y la justicia intergeneracional que un sistema previsional debe garantizar.
Centro de Estudios Sociales y Políticos sobre Adultos Mayores
