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¿Pueden las cooperativas de plataforma resolver la crisis del cuidado?

Por Julia Cófreces

En los últimos años la cuestión del cuidado adquirió una visibilidad significativa en nuestro país. Los cambios demográficos, que muestran un progresivo envejecimiento de la población, pusieron en evidencia el problema de cómo cubrir las necesidades de cuidado de una población mayor creciente, donde en el 70% de los casos la asistencia recae en familiares del propio hogar. A este escenario se suma una oferta de servicios que no alcanza: en promedio, hay una cuidadora domiciliaria por cada 67 personas mayores que demandan atención, y se estima que, en quince años, se elevará a una cuidadora por cada 98 personas.

El aumento de las personas que necesitan cuidados y la ausencia de respuestas a estas transformaciones permiten pensar la organización social de los cuidados, es decir, propuestas integrales que prioricen las necesidades y los derechos tanto de las personas que necesitan cuidado como de aquellas que cuidan, en el marco de un debate amplio que incluya a las familias, al mercado y al Estado. Sin embargo, la creciente centralidad de este problema contrasta con la ausencia de la cuestión en la agenda del gobierno nacional de Milei, quien optó por relegarla y dejar su resolución en manos de las familias y del mercado.

En este contexto emerge “CUIDARnos”, una iniciativa impulsada por la economía popular con el apoyo del empresario Gustavo Grobocopatel, que propone canalizar servicios de cuidado a través de una plataforma digital. A contramano del modelo laboral que instalan las empresas de plataforma en nuestro país y en el mundo, y en un contexto nacional que es social y económicamente adverso para el modelo cooperativo, el proyecto busca articular el uso de la tecnología con principios cooperativos y condiciones más justas para quienes trabajan. Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿puede una cooperativa de plataforma ofrecer una alternativa frente a los problemas que hoy plantea la organización social del cuidado?

En primer lugar, es sabido que la expansión de las plataformas digitales está reconfigurando el mundo del trabajo. En sectores como el transporte o el reparto, estas empresas se presentan como oportunidades de inserción laboral, pero lo hacen bajo esquemas que debilitan la protección social y trasladan los riesgos hacia los trabajadores, redefinidos como “socios” o “emprendedores”. No se trata de un debate saldado: el reciente fallo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que reconoce a los repartidores como trabajadores en relación de dependencia, marca una clara tensión con la reforma laboral del gobierno nacional recientemente aprobada, que los considera trabajadores independientes. En este contexto, la aparición de experiencias que desafían el modelo de negocios de las plataformas puede resultar una alternativa superadora a estos debates, siempre y cuando representen una oportunidad sostenible y digna para sus trabajadores.

Por otro lado, si bien en la última década el cooperativismo se constituyó en un actor relevante para dar respuesta a las demandas de cuidados, también enfrenta limitaciones persistentes: dificultades de acceso al capital, desafíos en la gestión, obstáculos para la profesionalización del servicio y, en muchos casos, escaso o nulo apoyo estatal. En ese marco, la posibilidad de articular el modelo de plataformas con una lógica cooperativa y con el respaldo privado abre una oportunidad, pero también plantea nuevas tensiones.

El potencial de una plataforma cooperativa de cuidados no puede evaluarse en abstracto. Su viabilidad dependerá de condiciones concretas: que logre sostenerse en el tiempo, que ofrezca servicios de calidad, que amplíe efectivamente el acceso a los cuidados y que garantice condiciones laborales dignas, lo cual no es para nada sencillo. En un contexto donde el Estado se retira de la agenda de los cuidados, las plataformas cooperativas pueden abrir una vía innovadora y necesaria, pero difícilmente puedan, por sí solas, resolver una crisis estructural. Su aporte, en todo caso, es acotado pero no menos importante: tensionar el modelo dominante y reabrir la discusión sobre cómo organizar socialmente el cuidado en la Argentina.

Endeudamiento mayor

Por Jorge Meneses, Director del CESPAM

Este 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, coincidente en su origen con la fundación de la Organización Mundial de la Salud, en 1948. De ese organismo prestigioso del que participan países de todo el mundo, se retiró el des-gobierno que comanda la Argentina a manos de Javier Milei. 

Pensar en la salud hoy es abordarla en una perspectiva multidimensional, y de eso no escapa la economía. Porque la salud también es una cuestión económica: garantizar ingresos y condiciones de vida dignas es parte fundamental de un envejecimiento saludable. 

Días atrás, se conoció el Informe del INDEC que arrojó que apenas el 28,2% de la población argentina está en condición de pobreza, y sobre esas cifras, se reconoce apenas un 10% de pobres en la población de más de 65 años. Resulta, al menos, llamativo y curioso, cuando el haber mínimo con el bono congelado alcanza apenas $450.000. 

En la misma semana que el gobierno difundió golpeándose el pecho estos datos, conocimos otros. Por un lado, la Canasta de consumo para Adultos Mayores que realiza mensualmente el área de Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual sentenció que para febrero una pareja de adultos mayores que tienen vivienda propia, el costo de vida supera el $1.500.000 mensuales, y en el caso de una pareja idéntica pero en situación de alquiler, supera los $2.250.000. Otra curiosidad: ambos índices reflejan un incremento contra el mes anterior que duplica la inflación anclada en el 3%, otra victoria del relato libertario. 

El otro dato que nos sorprendió lo reveló la Encuesta Nacional Inquilina realizada por Inquilinos Agrupados entre el 17 y 20 de marzo de este año. Ahí hay otras cifras tétricas y que muestran la miseria en la que están sumergidos nuestros jubilados y jubiladas: cuatro de cada diez hacen sólo una o dos comidas al día y siete de cada 10 tuvieron que recortar en alimentos.

¿Y cómo sobreviven nuestros Adultos Mayores a esta catástrofe? Si siguiéramos la máxima que hace dos años pronunció Diana Mondino y pinta de cuerpo entero a este gobierno con aquello de “Si sos jubilado, es casi seguro que te vas a morir”, no habría mucho más para discutir. Pero, para desgracia de Mondino, no es tan fácil como apretar una tecla y que cesen vidas de millones de Adultos Mayores que pueblan nuestra Patria. Y como deben sobrevivir entre gastos en comida, remedios, viajes y aquello que no pueden dejar de gastar para vivir: ahí empieza el endeudamiento.

Es interesante: el truco de nuestros conservadores es darle al discurso del déficit fiscal por repetición hasta el hartazgo. Dicen “Si en tu casa no gastás más que lo que te entra, por qué lo vas a hacer en un país?. Claro, tampoco te cuentan que entre tanta motosierra, caída de la actividad y de la recaudación, el Gobierno Nacional se sigue endeudando por miles de millones de dólares con organismos de crédito, que después vienen y nos dicen que podemos o no podemos hacer. Eso, el gobierno, ¿y en las casas de nuestros jubilados? Allí emerge un fenómeno que se esparce como un virus social: el endeudamiento y la morosidad de las familias. Es muy evidente eso de que no hay que gastar más que lo que entra, pero ¿Cómo se hace cuando lo que entra no cubre pan, leche, (algo) de carne y los remedios básicos? Ahí aparece la deuda. Un problema que ya afecta a más de la mitad de los hogares argentinos, y en los cuales, más de un 25% tienen problemas para cumplir los pagos, eso se llama, morosidad. Ahí viene el interés, con un banco o con cualquier prestamista de los que afloran en la informalidad, y ya sabemos como sigue. Los datos y la cruda realidad matando el relato berreta y disociado de la realidad de un gobierno perverso y ajustador.

Donde el Estado reprime cada miércoles en Plaza Congreso y el monto de las jubilaciones no alcanza, las organizaciones libres del Pueblo, como los Centros de Jubilados diseminados a lo largo y ancho del país, crean un espacio de vínculo y contención: ponen platos de comida y hacen malabares para asistir con medicamentos. Mientras hacemos el recorrido para volver a tener el país que nos merecemos, los reivindicamos en este día como los únicos que no están en deuda con nuestros endeudados Adultos Mayores.  

Ahora, si entendemos que en este Día Mundial de la Salud debemos defender, luchar y reivindicar un envejecimiento saludable que atienda el cuerpo, la mente, el bienestar emocional y la vida en comunidad, la mirada debe ser otra. 

Un ataque al corazón del sistema previsional argentino

Por Jorge Meneses, Director del CESPAM

El debate público sobre la reforma laboral presentada por el gobierno está dominado por discusiones desde la óptica del empleo y la flexibilización. Sin embargo, hay un aspecto estructural que merece más atención y cuestionamiento: el impacto que esta reforma puede tener sobre la financiación del sistema jubilatorio argentino. 

El proyecto propone la creación de los llamados Fondos de Asistencia Laboral (FAL), destinados a financiar las indemnizaciones por despido. A primera vista, esto se presenta como una fórmula para reducir los costos que deben pagar los empleadores. Pero detrás de esa narrativa se esconde algo más preocupante: una transferencia de recursos del sistema de seguridad social —la Anses— a un fondo que beneficiará directamente a los empleadores.

El proyecto propone que las empresas aporten un 3% de la masa salarial a los FAL para financiar las indemnizaciones por despidos. En teoría, esto es un aporte empresarial. En la práctica, sin embargo, ese aporte no es un gasto adicional para las empresas: se descuenta directamente de lo que hoy pagan en aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) —es decir, del dinero que financia jubilaciones, pensiones y prestaciones como la AUH.

Este mecanismo equivale a un pase contable: recursos que hoy deberían ingresar a la caja previsional pasarían a integrarse a un fondo para gestionar indemnizaciones laborales. La consecuencia directa es clara: menos ingresos para la Anses y, por ende, una menor base de financiamiento para las jubilaciones futuras. 

En un país con casi un 50% de su empleo en la informalidad, y donde la proporción de aportantes activos es un desafío recurrente, reducir aún más los ingresos del sistema previsional no es una decisión menor: puede profundizar el desbalance financiero de la Anses, ampliar el déficit previsional y poner en crisis la totalidad del sistema previsional argentino.

Más allá del debate por la reforma laboral, la pregunta de fondo es qué tipo de modelo de seguridad social queremos. La reforma, tal como está planteada, introduce un precedente preocupante: aceptar que los fondos destinados a la protección social puedan desviarse hacia otros usos sin generar necesariamente más empleo ni mayor formalización. Esto no solo podría comprometer la sustentabilidad financiera, sino también erosionar la confianza de las generaciones presentes y futuras en un sistema que debería garantizar un envejecimiento digno.

La reforma laboral no puede hacerse a costa del corazón de nuestro contrato social: el sistema jubilatorio. Es hora de poner en el centro del debate la sostenibilidad de nuestras jubilaciones y la justicia intergeneracional que un sistema previsional debe garantizar.