El 28 de agosto de 1948, durante el gobierno de Juan Domingo Perón y por iniciativa de Eva Perón, se presentó el Decálogo de la Ancianidad, donde se reconocían, por primera vez, los diez derechos fundamentales de las personas mayores, incorporados posteriormente en la Constitución de 1949. Así, Argentina se convirtió en pionera en afirmar a las personas mayores como titulares de derechos y responsabilidad de la comunidad y del Estado.

La primera parte del decálogo estaba orientada a garantizar las condiciones materiales para la vida digna de la persona mayor: asistencia, vivienda, alimentación, vestido y cuidado de la salud. También establecía que la protección integral era por cuenta y cargo de la familia, y que correspondía al Estado proveer dicha protección en caso de que la persona mayor no la tuviera. Por otro lado, también reconocía el derecho al esparcimiento, al trabajo cuando las condiciones lo permitieran y para evitar “disminuir la personalidad”, el derecho a la tranquilidad y al respeto. De esta manera, el decálogo supo integrar tanto las dimensiones sociales como afectivas de la vejez, que muchas veces quedan relegadas cuando se piensa únicamente en términos de dependencia, asistencia o de cuidados. En este sentido, el núcleo fundamental del decálogo es claro: envejecer con dignidad requiere de condiciones materiales, de reconocimiento y de autonomía.

Setenta y ocho años después, el Decálogo continúa siendo un punto de partida y un horizonte en la conquista por los derechos de las personas mayores. Pero también nos invita a formular una pregunta: ¿qué significa hoy garantizar una vejez digna? En la actualidad, hablamos cada vez más del aislamiento, de la soledad no deseada, de la exclusión digital, de la falta de accesibilidad, entre otros aspectos que les impiden a las personas mayores desarrollar plenamente sus proyectos de vida. Sin embargo, me pregunto si realmente son nuevas necesidades de una sociedad envejecida, o si no son más bien el reflejo de una comunidad que en las últimas décadas no hizo otra cosa que darle la espalda a la población mayor. Quizás el desafío actual consiste en recuperar algo que el individualismo de nuestro tiempo tiende a negar: la idea de que nadie envejece solo, y que garantizar una vejez digna es una tarea colectiva.

Si en 1948 se afirmaba que la comunidad y el Estado tenían responsabilidades frente a la vejez, hoy necesitamos volver a discutir y asumir esas responsabilidades. Garantizar una vejez digna requiere poner en el centro a las personas mayores y construir una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones privadas. Una sociedad que envejece necesita de la solidaridad, del trabajo, de la justicia social y del cuidado mutuo. Solo así se podrán construir las condiciones para que los últimos años puedan ser vividos con dignidad, autonomía, participación y comunidad.